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miércoles, 27 de abril de 2011

Los sistemas de información y el derecho a la intimidad

Desde hace días se viene hablando del problema que plantean al derecho a la privacidad las especificaciones de los smartphones como el I phone o los equipos con Android, y, supongo, otros similares como Windows, Symbian o RIM. Al margen de lo que pueda haber en este tipo de causas de batalla comercial o política, es evidente que se plantea una serie de cuestiones que no son fáciles de delimitar. Me perece que la clave del asunto está en plantearlo en función de leyes explícitas y no tratando de satisfacer demandas subjetivas, que siempre tienden a ser inagotables porque nuestra tendencia a exagerar el tamaño del propio ego es bien conocida.
Creo, pues, que, hoy por hoy, es un tema de abogados, no de moralistas o de críticos de la sociedad tecnológica y profetas del miedo, que tanto abundan. Como, si fuese enteramente así, no tendría nada que decir, y me apetece hablar del asunto, recordaré que las leyes sí deben inspirarse en principios y que dichos éstos deben hacerse tan explícitos como sea posible. La pregunta que me hago es si los sistemas concernidos los están violando, o no. Me referiré brevemente a alguno de ellos:

1.   Un sistema de telecomunicación que se vende para facilitar servicios al usuario no debe reportar otra información al proveedor que la que sea estrictamente imprescindible para la prestación del servicio. Por ejemplo, no puedo quejarme de que mi banco conozca el contenido de mis gastos si le encomiendo la gestión de mis recibos y tarjetas, pero sí puedo quejarme si hace con esa información algo distinto a administrar lo que le he confiado. En el caso del que hablamos parece inevitable que los operadores de telecomunicaciones y los proveedores de servicios a través de la plataforma tecnológica conozcan mi ubicación física, pero no sería tolerable que usasen esa información sin mi permiso para otra cosa que prestarme el servicio que me llevó a contratarles.

2.   Los usuarios pueden autorizar a quienes les parezca oportuno que usen la información que distintos operadores y empresas  puedan obtener sobre su conducta, pero si no lo hacen de manera explícita, ese uso debiera ser tenido por ilegal.

3.   La información que se pueda obtener usando medios tecnológicos generales y en el ámbito público no debiera  estar sometida a restricciones especiales. Es como si a un heladero, por poner un ejemplo tonto, le prohibiésemos poner en primera línea de su tienda los helados que sabe son más demandados observando la conducta del publico. Se entiende que los datos que circulan a través de medios de pago nominales o de terminales de telecomunicación no son públicos por razones obvias, pero no se puede poner puertas al campo y las aplicaciones que explotan los bancos de datos accesibles a cualquiera, a cualquiera que se os trabaje, son perfectamente lícitas.

4.   Las empresas que, como Google, utilizan la publicidad para financiar sus servicios de tipo gratuito, como gmail, el buscador u otros, tienen perfecto derecho a trabajar con los datos que obtienen del tráfico de sus usuarios, aunque debieran incluir la posibilidad de que los usuarios estableciesen determinados tipos de restricciones, si bien, a cambio, podrían negarse a prestarles esos servicios.

Supongo que habrá otros principios que ahora no me viene a la cabeza, pero la discusión sobre los anteriores ya es suficientemente interesante.

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